Análisis jurídico del procesamiento directo

Abstract

El Ecuador es un país que, desde que se constituye como república en 1983, persigue que su ordenamiento jurídico responda a las necesidades de su evolución, no siempre han sido las más oportunas, pero si siempre las que se han necesitado, las normas jurídicas y con las cuales se pretende regular la acción de la sociedad han sido el principio de búsqueda de soluciones más oportunas y rápidas para descongestionar el flujo procesal. Cabe destacar que estas cifras ubican a Guayaquil como la ciudad de mayor carga procesal por delitos flagrantes a nivel nacional. El delito se define como el tipo penal que se distinguiría por describir una conducta antijurídica que solo será punible a título de autor cuando sea realizada por ciertos sujetos que posean ciertas condiciones especiales que requiera la ley, comprendiendo que el tipo se cumple con el tripartito penal completo, estableciendo también que la norma penal se aplicará como último arraigo. Es decir que el delito es un acto antijurídico, típico y culpable, que realizan una o varias personas con conciencia y voluntad y que va en contra del ordenamiento jurídico establecido por el legislador de un estado. Para poder empezar el flujo procesal se necesita de una investigación previa, es necesario una denuncia criminis, es decir que si una persona que haya sido víctima de una agresión interponga una denuncia ante la Fiscalía, al sistema especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses o ante un organismo competente en materia de transito según lo establece el COIP en su artículo 421.