Limitación a la impugnación de la prisión preventiva en el Ecuador

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1, prescribe: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…” y en su Art. 76.2, establece: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.1,refiere: “Que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta, el mismo postulado lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7”; es decir, tanto la Constitución de la República del Ecuador como los Tratados y Convenios Internacionales antes descritos, proclaman respeto al ser humano, razón por la cual, el derecho a la libertad de la persona debe respetarse sobre cualquier otra consideración legal, por tanto, la prisión preventiva debe ser dictada como último mecanismo de resguardo judicial, y cuando esto ocurra debe permitirse que un juez o tribunal superior revise la actuación de quien la dictó, para así advertir que existe libertad del derecho a recurrir del fallo cuando se afecten los derechos y no como sucede en la actualidad que la ley permite apelar únicamente cuando la prisión preventiva se otorgue o se niegue en la audiencia de formulación de cargos o durante la instrucción fiscal, olvidando que esta medida puede ser dictada en la audiencia preparatoria de juicio al emitirse el auto de llamamiento a juicio, caso en cual el derecho a recurrir desaparece.