Resocialización de las personas sentenciadas por los delitos de género en el contexto de la política criminal y el ordenamiento jurídico en el Ecuador

Abstract

El Derecho, como una de las disciplinas del pensamiento, vinculada con el estudio de la criminalidad y el delito, constituido como fenómeno social, se enfrenta al estudio permanente del reto, establecido desde la perspectiva constitucional, al cumplimiento de resocializar a sujetos activos cometedores de actos punibles; en este caso, por violencia contra la mujer o familiar. Por ello, el presente estudio tiene como propósito: Proponer criterios que contribuyan al desarrollo de premisas que permitan el mejoramiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano y la concreción de políticas criminales para la resocialización de las personas sentenciadas por delitos de género en el Ecuador. Para ello, especifica acciones investigativas relacionadas a: 1. Describir la política criminal en correspondencia al ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionado a la resocialización de las personas sentenciadas por delitos de género; 2.Analizar las concepciones de juristas y criminólogos sobre las fortalezas y necesidades de mejoramiento de la política criminal y el ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionado a la resocialización de las personas sentenciadas por delitos de género y 3. Estimar criterios que persigan el mejoramiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionado a la rehabilitación integral de las personas sentenciadas por delitos de género. La metodología se enfocó en el paradigma cuantitativo, con nivel descriptivo, apoyada en trabajo de campo y documental. La población y muestra estuvo constituida, por una parte, por un profesional en Derecho con funciones públicas y ocho abogados. Se utilizó el cuestionario y el Guión de entrevista como instrumentos de recolección de datos. Los resultados reportan que el ordenamiento jurídico ecuatoriano precisa la resocialización apegados a los principios de los derechos humanos y demás convenios suscritos por el Ecuador. se recomendaron criterios jurídicos, administrativos y académicos para coadyuvar en la solución de la problemática detectada.