Inexistencia del procedimiento para exigir la reparación integral en las sentencias de acción extraordinaria de protección

Abstract

La normatividad nacional no establece una cuantía o monto determinado con el que se deba indemnizar al ciudadano que ha sido víctima de una o varias vulneraciones a sus derechos constitucionales, debido a que los jueces sustanciadores no tienen una guía que los respalde al momento de determinar sus decisiones en sentencia de acción extraordinaria de protección. En el art. 18 de la Ley Orgánica Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional, se establece la definición y existen presupuestos de dicha figura jurídica de la reparación integral la cual se divide en material e inmaterial, mas no establece criterios de cuantificación ni especifica un monto con el cual la persona afectada deba ser indemnizada económicamente ni un procedimiento para que la víctima exija el procedimiento de la misma. Es por ello que, la investigación se enfocará en revisar los efectos que establece la reparación integral en la sentencia de acción extraordinaria de protección y la propuesta para solucionar la problemática tratada será una resolución del Pleno de la Corte Constitucional donde establezca que los jueces determinen un monto o cuantía en sus sentencias cuando se haya encontrado que existió un daño material o inmaterial, con el fin de que el sujeto afectado pueda disfrutar una adecuada reparación integral de sus derechos constitucionales. Se analizará sentencias dictadas por la Corte Constitucional en donde se observará que el procedimiento para exigir la reparación integral no está claro en la normatividad, ya que, se debería atender y aplicar de mejor manera en la práctica dicha figura, apegándose a lo que establecen las normas y sobre todo la Constitución. Por lo que, esta investigación es sustentada a través de la metodología mixta, donde se realizó investigación documental y de campo. El trabajo de campo se realizó mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a profesionales de Derecho, dando como resultado un criterio que fundamenta esta investigación, dicho grupo poblacional es conformado por abogados de libre ejercicio y especialistas en derecho constitucional; finalmente se concluirá con los resultados de las encuestas y entrevistas, y se emitirá recomendaciones y conclusiones al presente trabajo investigativo.